lunes, 16 de febrero de 2015

La gran estafa americana: el TTIP

Es más que posible que desconozcan que es esto del TTIP. Estas siglas son el acrónimo sajón de Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, tratado que pretende llevar a cabo Estados Unidos con la Unión Europea.

En la situación económica que vivimos hoy en día, la premisa de que este acuerdo tiene como objetivo básico la facilitación del comercio y que ofrecerá innumerables puestos de trabajo hace que, en principio, nuestra visión hacia él sea positivo.


Sin embargo, el secretismo rodea las negociaciones que se están llevando a cabo. El modo de estimular la economía de este acuerdo consiste en la estandarización de la ley, para favorecer y facilitar las relaciones entre corporaciones. Pero, ¿a qué precio?

A la hora de establecer los puntos del pacto, sabemos que un 90% de los asesores que intervienen tienen intereses puramente comerciales. A su vez, como ya se ha mencionado, las negociaciones están siendo prácticamente secretas (esto se puede comprobar con la escasez de presencia en cualquier medio de comunicación). Un tratado como este, cuyo impacto sería abrumador, alejado totalmente de la opinión pública e impuesto sin remedio ante las quejas de los ciudadanos hace cuestionar si sus objetivos son tan nobles como intentan hacernos creer.

¿Cuáles son entonces los intereses del acuerdo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Estados Unidos pretende hacer legales en Europa comportamientos ilícitos y ampliamente perjudiciales para el medioambiente y la sociedad.

En el ámbito de la alimentación encontramos: el tratamiento de carne con hormonas, clonación de ganado, la venta de pollo clorado (carne de pollo desinfectada con cloro) y otros tipos de ingeniería genética. Todo esto motivado por las presiones de las grandes corporaciones que quieren exportar estos productos a la Unión Europea.

Dentro de la explotación de yacimientos petrolíferos, en Estados Unidos es muy común la práctica del “fracking”. Se trata de una técnica de perforación que aumenta la producción mediante la intervención de productos químicos en el proceso, a costa, claro está, de terribles consecuencias para el medioambiente y los ciudadanos: contaminación de agua, aire y suelo, mayor ocupación de la tierra, aumento del metano, prácticas defectuosas a la hora de la extracción, provocación de seísmos, radioactividad de los fluidos residuales resultantes, numerosos efectos en la salud que siguen aumentando con el desarrollo de investigaciones (infertilidad, defectos en el feto, cáncer…) y obviamente contaminación acústica.

El uso de esta técnica ha creado gran controversia, pero se sigue practicando de forma continuada, ya que el gobierno lo permite. Así pues, el TTIP promete la exportación barata de combustible, pero no aclara para nada estas consecuencias.


Los derechos laborales en Europa, y que por la situación actual se están viendo desgraciadamente afectados, sufrirían aún más con el TTIP. El modelo laboral estadounidense es aún más duro con los trabajadores y esto podría llegar aquí con la competición para nuevos mercados establecida a través del tratado, que como se decía anteriormente pretende estandarizar la legislación a nivel americano.

Otro apartado es el “Mecanismo de Resolución de Controversias entre Inversores y Estados" (ISDS), el cual ya no sólo afecta  a los ciudadanos sino también a los estados como tal. Si una ley no le conviene a una gran corporación y afecta a sus beneficios negativamente, ésta tendría el derecho de denunciar al estado nación en cuestión por presentar obstáculos a su labor económica, y este deberá pagar la cantidad exigida y permitir a la empresa realizar su explotación sin repercusión alguna.

Lo que es aún más grave, es la facilidad de crear estas demandas estatales. Como ya se ha explicado anteriormente, las consecuencias de estas prácticas son muy graves, y existen leyes de protección medioambiental que las sancionan. Es entonces cuando la empresa, amparada por el TTIP, puede denunciar al Estado porque sus beneficios se están viendo afectados por esa prohibición. Se estaría supeditando la ley a los intereses económicos de las grandes corporaciones que ejercen una inmensa presión a los gobiernos. El colmo de esta cuestión, es que estas denuncias no serían tratadas por los tribunales que conocemos. Entra en escena la figura de los “Tribunales de arbitraje”, organismos jurídicos de imparcialidad dudosa

Un ejemplo de la situación que se crea con estos tratados es el NAFTA (acuerdo de libre comercio en Norteamérica que afecta a EEUU, Canadá y México). Canadá había decidido que la práctica del “fracking” debía ser prohibida y sancionada, sin embargo, una compañía que utilizaba esta técnica denunció al gobierno de Canadá solicitando 250 millones de dólares, ganando la disputa; recibiendo el dinero y realizando su explotación. Según los expertos, la promesa de aumento de empleo es otra mentira, pues se estima que el NAFTA ha causado la pérdida de 700.000 empleos en Estados Unidos y ha empobrecido seriamente a varias zonas de México.

Nos encontramos, otra vez, ante un tratado del cual los únicos beneficiados son las grandes multinacionales, a costa del sufrimiento de los ciudadanos, el medio ambiente, y lo que es aún más grave: de la democracia.

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